ALDF revisará con Profeco, Sedeco y delegaciones tarifas de estacionamientos

abril 23, 2016 Ciudad de México

Ciudad de México. Ante las diferentes tarifas que el usuario encuentra en los estacionamientos públicos dependiendo de la zona en la que se encuentre, la diputada Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la ALDF, Beatriz Olivares subió un Punto de Acuerdo al Pleno para efectuar mesas de trabajo a fin de revisar las tarifas de estos establecimientos mercantiles y los de las plazas comerciales de la Ciudad.

En el Punto de Acuerdo que fue aprobado, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal (Sedeco), a las y los titulares de las 16 Delegaciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que se lleven a cabo mesas de trabajo a fin de revisar las tarifas de los estacionamientos públicos y los de las plazas comerciales de la ciudad.

La legisladora explicó que el usuario cuando está en el Centro Histórico se registran tarifas de hasta 48 pesos por hora, cuando en otras zonas hay tarifas tasadas desde 10 pesos por hora, sin contar el servicio Ecoparq o los llamados parquímetros cuyo costo es de dos pesos por 15 minutos, es decir 8 pesos por hora.

Precisó que si bien de acuerdo con la Ley de oferta y demanda, cuando la demanda excede la oferta, aumenta el precio, por lo que resulta importante regular el aumento de este precio y “como lo hemos mencionado, los costos en estacionamientos públicos son excesivos en ciertas zonas incluso hasta por 6 veces más”.

Sostuvo que en la ciudad existen aproximadamente 2 mil 500 establecimientos destinados a dar el servicio de estacionamiento público, aunque suena un número amplio, es insuficiente para el parque vehicular más grande del país.

A su vez, dijo, por parte de la administración pública del Distrito Federal, su regulación atiende al funcionamiento y a la regulación de tarifas por parte de las delegaciones.

Resaltó que los estacionamientos públicos son un espacio que brinda el servicio público que consiste en la recepción, guarda, protección y devolución de los vehículos en los lugares autorizados, pudiendo prestarse por hora, día o mes, a cambio del pago que señale la tarifa autorizada.

Sin embargo, enfatizó, éstos se rigen por el Reglamento de Estacionamientos Públicos (REP) del Distrito Federal  y por la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal en cuanto a su legal funcionamiento.

A su vez, añadió, y como lo establece la misma Ley, “estamos hablando de establecimientos que requieren únicamente un aviso de funcionamiento para su apertura comercial de prestación de servicios, documento que emite la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, SIAPEM, en concurso con las delegaciones”.

Reconoció que para la autorización de tarifas en los estacionamientos, se consideran varios aspectos como: el tipo de servicio, las características de las instalaciones y la zona urbana donde se ubique el estacionamiento; justamente esta situación es la que tiene cobrando en zonas específicas de la ciudad.

Empero, afirmó, de conformidad con el Reglamento y la Ley de Establecimientos Mercantiles del DF, compete a la Delegación Política la autorización de tarifas para los estacionamientos, y obliga a los propietarios de estacionamientos públicos a sujetarse a la tarifa autorizada y tenerla a la vista.

Asimismo, dijo, la Delegación Política y la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilan que los Establecimientos Mercantiles cumplan con las obligaciones contenidas en la referida Ley y Reglamento, recayendo en la Demarcación, las visitas a los estacionamientos que hayan sido objeto de queja o denuncia para iniciar un procedimiento administrativo.

De esta forma, explicó que en materia de comportamiento comercial, los establecimientos prestadores del servicio de estacionamiento, de conformidad con la competencia y atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, deben cumplir con elementos como: exhibir las tarifas del servicio a la vista del público, de manera clara, veraz y sin ambigüedades así como los montos totales a pagar, respetar a las tarifas exhibidas, entregar los comprobantes, entre otros.

Finalmente, y por lo anterior, Beatriz Olivares, destacó que en atención a las facultades de los organismos mencionados, y en relación a que es “nuestra obligación como legisladores velar por la seguridad y derechos de las personas que habitan y transitan en la ciudad, incluyendo los derechos económicos, expongo la necesidad de crear una ruta crítica para solucionar el problema y regular el funcionamiento de estos establecimientos”.